IUC reclama al Gobierno autónomo que garantice el nuevo tratamiento de hepatitis C

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Izquierda Unida reclama al Gobierno de Canarias que garantice el tratamiento a todos los enfermos de hepatitis C del Archipiélago y que exija al Gobierno del Estado que tome decisiones claras para asegurar la gratuidad de los fármacos. La formación de izquierdas considera inaceptable que la Consejería de Sanidad haya establecido una cifra fija de 110 enfermos para administrar el nuevo medicamento, Sovaldi, cuando sabe que hay muchos más pacientes esperando tratamiento. Asimismo, denuncia la negativa del Parlamento autonómico a convocar una comisión extraordinaria sobre este asunto.

IUC muestra su total apoyo a los colectivos de enfermos y familiares y les anima a que se movilicen. La formación recuerda que hay unas 40.000 personas afectadas por la hepatitis C en Canarias, según el presidente de la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Canarias (Aetheca), aunque de ellas sólo alrededor de un 30% está diagnosticada. En cualquier caso, Sanidad desconoce el número exacto de casos de hepatitis C que se han diagnosticado en Canarias, a pesar de que es una enfermedad de declaración obligatoria (EDO).

Para Izquierda Unida, la Consejería y el Ministerio de Sanidad deben adoptar las medidas necesarias a corto plazo para garantizar que la Sanidad pública actúe como tal y cubra las necesidades de los enfermos de Hepatitis C. A más largo plazo, la formación de izquierdas considera fundamental que el Estado invierta más recursos en investigación médica, con el fin de evitar situaciones como ésta, en la que una multinacional farmacéutica impone un precio desorbitado para medicamentos que requieren muchos pacientes.

Por otro lado, IUC ve necesario un mejor flujo de la información sobre este asunto, de forma que todos los centros de salud  y los servicios sociales municipales puedan asesorar a los enfermos de hepatitis C y ayudarles a conseguir sus fármacos.

Entre 800.000 y 900.000 personas personas sufren en España hepatitis C, enfermedad que en muchos casos acaba con la muerte. El nuevo fármaco tiene una efectividad del 90%, pero la multinacional farmacéutica dueña de la patente ha decidido ponerle un coste de 60.000 euros por tratamiento. Según un reciente estudio de la Universidad de Liverpool que analiza los costes de producción se podría producir genéricamente con la misma calidad por menos de 100 euros. Izquierda Unida considera este hecho un escándalo y se pregunta hasta qué punto es legal especular con la vida de las personas y hasta dónde debe permitir la ciudadanía que las empresas estén por encima de las personas y de la vida.