Izquierda Unida Canaria califica el Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife de “golpe de estado económico a cámara lenta”, contra decenas de miles de personas. Si se aprueba, con el paso de los años, los ciudadanos de Santa Cruz irán perdiendo cientos de millones de euros, mientras que unos pocos empresarios multiplicarán sus fortunas. El gobierno municipal mintió cuando afirmó que los ciudadanos que quedaban fuera de ordenación eran sólo unos pocos y se trataba de “errores”. Luego reconoció el carácter masivo de los “errores” y trató de justificarlos. Ahora, en opinión de IUC, es el momento de acudir a la protesta convocada para este martes, a las 9:30 horas de la mañana, ante el Ayuntamiento. El objetivo es parar la aprobación del Plan hasta que se conozca el número exacto de afectados, las compensaciones previstas y las razones de los “premios” en derechos edificatorios a ex presidentes del Gobierno de Canarias y otros empresarios. En suma, hay que parar la aprobación del Plan hasta que sea sometido a un procedimiento democrático.

   Asimismo, IUC deplora el artículo publicado este fin de semana, y firmado por varios arquitectos, con el propósito de revestir de “imparcialidad técnica” el rechazo a los argumentos políticos de quienes nos oponemos al Plan General. La realidad es que, antes o después, las viviendas de decenas de miles de vecinos perderán valor porque supuestamente ocasionan una densidad de población excesiva. Pero la realidad también incluye la asignación, a unos empresarios, de una generosa volumetría edificatoria que, en este caso, por lo visto, no incrementa la densidad de población. Los vecinos que verán desvalorizarse su patrimonio no serán compensados por la Administración y, si se descuidan, tampoco habrán sido advertidos de las decisiones que reducen el valor de su patrimonio. Para IUC, el problema de muchos arquitectos es que son juez y parte, en el urbanismo y en el negocio urbanístico, y el problema, mayor aún, de otros arquitectos es que si expresan públicamente su opinión sobre los abusos del Plan serán represaliados laboralmente.

   IUC reitera su posición afirmando que, si se aprueba el Plan, nunca tan pocos habrán despojado de tanto a tantos en Canarias. Igualmente, la formación de izquierdas destaca la hipocresía de Coalición Canaria y el Partido Popular cuando se reivindican a sí mismos como defensores de la propiedad privada. Lo que en verdad defienden es la acumulación de propiedad privada en pocas manos, aunque sea a costa de que muchos pierdan la suya, o vean reducido su valor, gracias a decisiones políticas que dan a algunos empresarios lo que no saben ganar en el mercado. Los empresarios favorecidos por CC y PP necesitan a los políticos-títeres porque le permiten eludir el mercado al que tantos homenajes retóricos rinden.