El Gobierno ha respondido a Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, que la adjudicación de servicios de seguridad privada de Patrimonio Nacional a una empresa del empresario grancanario Miguel Ángel Ramírez se ajustó a la legalidad. Se trata de un contrato de más de 11 millones de euros, que fue puesto en cuestión por…