IU Tenerife junto a la Plataforma Aborto Libre ratifica su compromiso en la defensa del derecho a decidir de las mujeres.

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Izquierda Unida Canaria participó, en el Parlamento de Canarias, el pasado viernes 4 de julio en el seminario Derecho a una vida Deseada, Digna y Saludable, organizado por la Plataforma Aborto Libre, Legal, Seguro y Gratuito, Nosotras Decidimos (de la que formamos parte con un gran número de asociaciones de mujeres, sociales, sindicales y políticas).

Este seminario surge en respuesta a otro organizado en el Congreso en Madrid por sectores conservadores y retrógradas para intentar dar validez (con escaso éxito) a la ley Gallardón.

Jonás Hernández, concejal de IUC Los Realejos, intervino en representación de Izquierda Unida repasando algunas de las acciones institucionales que hemos defendido en favor del derecho a a decidir de las mujeres y del aborto y suscribiendo el comunicado de consenso que exponemos íntegramente a continuación:

DERECHO A UNA VIDA DESEADA, DIGNA Y SALUDABLE

ABORTO LIBRE, LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

RECHAZAMOS LA CONTRARREFORMA DEL PARTIDO POPULAR

 

 

Reunidas/os en el Parlamento de Canarias el día 4 de julio de 2014, en el Seminario Derecho a una vida deseada, digna y saludable, en el que han participado representantes y cargos electos de las Instituciones canarias de ámbito autonómico, insular y municipal, pertenecientes a las organizaciones políticas Coalición Canaria, Partido Socialista Canario, Nueva Canarias, Sí se puede, Izquierda Unida Canaria, XTF Por Tenerife e IPO Iniciativa por la Orotava, convocadas/os por la Plataforma Aborto libre, legal, seguro y gratuito. Nosotras decidimos

RECHAZAMOS, una vez más,el anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada,que pretende aprobar el Gobierno del Partido Popular, por considerarlo restrictivo y retrógrado, vulnerando derechos fundamentales de las mujeres:

Porque la maternidad debe ser una decisión de las mujeres, consciente, libre, asumida, aceptada y deseada. El ejercicio de la ciudadanía implica la libertad de tomar decisiones respecto a sus cuerpos y sus vidas.La decisión de ser madre o interrumpir un embarazo pertenece al ámbito personal, a la ética privada de cada mujer y no puede ser una imposición ni desde el punto de vista penal ni moral.

Porque la libertad de decidir sobre el propio cuerpo supone un derecho humano fundamental, e impedirlo es una gravísima vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, que deja al Estado español fuera de la normativa internacional sobre estos derechos, normativa que obliga a respetarlos, protegerlos y garantizarlos.

Porque quitar a las mujeres la capacidad de decisión supone convertirlas en ciudadanas de segunda, intolerablemente tuteladas por la Iglesia y el Estado. Es, por tanto, un atentado contra la democracia, cuya existencia implica que un Estado plural y aconfesional debe atender al interés general de la sociedad y legislar de acuerdo a una ética civil para no imponer ideas religiosas al conjunto de la ciudadanía.

Porque las mujeres tienen derecho a que se les respete su autonomía, su dignidad y su libertad moral,derechos recogidos en la Constitución española de 1978. Y todas las personas tenemos derecho a venir al mundo siendo queridas y deseadas. El derecho a la vida no es un derecho abstracto, se desarrolla vinculado a otros como el derecho al cuidado, a la alimentación, a la vivienda, a la salud y a la vida digna.

Porque las prohibiciones no reducenel número de abortos, pero sí aumentan los abortos clandestinos y de riesgo, especialmente para las mujeres con pocos recursos económicos y para las jóvenes, y las salidas al extranjero para abortar allí donde la legislación lo permite. Se calcula que cada año fallecen en el mundo 47.000 mujeres y 5 millones más quedan con enfermedades graves a consecuencia de la necesidad de recurrir a abortos ilegales e inseguros.

Porque los abortos se reducen con educación y prevención, yesta ley no solo no va acompañada de medidas que contemplen la educación y atención afectiva y sexual, sino que va paralela a la aplicación de la LOMCE, en la que se promueve un modelo de educación sexista, clasista,doctrinario y segregadoren los centros educativos y a la desaparición de los escasos recursos de atención a la salud sexual y reproductiva con los que contábamos. Cabe recordar que los países donde se han desarrollado programas respetuosos de los derechos sexuales y reproductivos, que incluyen la legalización del aborto y la implementación de programas de educación y atención sexual, tienen tasas mucho más bajas de aborto que las estimadas en países donde éste es ilegal y no existen programas de este tipo.

Porque la legalización del aborto no obliga a nadie a interrumpir un embarazo, pero sí obliga al Estado a desarrollar políticas que permitan respetar la decisión de cada mujer, de acuerdo a su conciencia y circunstancias, sin injerencias y en condiciones adecuadas.

Porque se trata, en definitiva, de un proyecto de reforma de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de profundos tintes ideológicos, misóginos y clasistas, que sitúa al Estado español a la cola de Europa, con una de las legislaciones más restrictivas, inseguras e injustas,

EXIGIMOS la retirada de este Anteproyecto y que NO se modifique de manera restrictiva la actual Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

RECLAMAMOS que se produzca un cambio legislativo en el que el aborto deje de estar tipificado como delito y pase a estar regulado como el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su maternidad.

INSTAMOS al Gobierno de España a desarrollar y ampliar los derechos reconocidos en el texto vigente (Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo) para que se garantice el derecho a la autonomía reproductiva de TODAS, de TODAS las mujeres:

· n>Garantizando la práctica de las IVE como una prestación sanitaria normalizada dentro de la red sanitaria pública, garantizando la equidad territorial y su carácter universal, normalizándola como prestación sanitaria para toda mujer que decida interrumpir su embarazo, independientemente de su origen y su situación legal, sin condicionamientos ni obstáculos por la valoración de terceras personas.

·Regulando la objeción de conciencia de las y los profesionales, de forma que no sea un obstáculo para garantizar la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la sanidad pública.

REQUERIMOS al Gobierno de Canarias a que se comprometa, dentro de sus competencias, a asegurar que la interrupción voluntaria del embarazo se pueda realizar en la red sanitaria pública, en los términos requeridos al gobierno español.

INSTAMOS a los Gobiernos español y canario a que se implementen políticas y medidas integrales en salud sexual y en salud reproductiva, basadas en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, asegurando la puesta en marcha de un conjunto de medidas que garanticen el desarrollo de una educación y atención sexual y afectiva con perspectiva de género y no heteronormativa en todos los niveles de la enseñanza, como tarea conjunta y coordinada de todos los agentes sociales implicados, y el acceso a los diferentes métodos anticonceptivos con garantía de gratuidad y facilidad.

Durante el último año hemos convivido con la amenaza constante de la aprobación del anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, con la incertidumbre de no saber el momento en que el derecho a decidir de las mujeres iba a sufrir un retroceso brutal.  El hecho de que hoy esta contrarreforma no se haya aprobado aún en el Consejo de Ministros responde, fundamentalmente, a la presión ejercida a lo largo de todo este año por las organizaciones feministas, sociales, sindicales y políticas, por las Instituciones, por la ciudadanía, por la sociedad en general, que se ha manifestado como férrea defensora de la libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad, su maternidad, su vida…

Y se debe también a la confrontación surgida en el seno del Partido Popular sobre la conveniencia o no de llevar adelante este retrógrado proyecto y sobre la falta de oportunidad de una reforma que puede poner en peligro sus intereses electorales en un momento de disminución de los apoyos obtenidos recientemente en las urnas.

Por ello, hoy más que nunca debemos intensificar la presión social y la movilización ciudadana, que paralice esta ley totalitaria y guiada por el integrismo religioso, y DEFENDER el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito, correspondiéndonos a las Instituciones escuchar a la ciudadanía y hacer suyas estas demandas. Y en ello estamos.

En Santa Cruz de Tenerife, 4 de julio de 2014.