Sí se puede e Izquierda Unida Canaria denuncian los vertidos ilegales de aguas residuales industriales del Polígono de Güímar

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La izquierda alternativa del valle de Güímar busca determinar la responsabilidad por décadas de dejadez ante la contaminación

Piden que el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias prioricen la construcción de la estación depuradora

Denuncia vertidos P Güímar rpSí se puede e Izquierda Unida Canaria (IUC) denunciaron en la mañana de este jueves a la Asociación Mixta de Compensación del Valle de Güímar ante la Fiscalía de Medio Ambiente por los vertidos ilegales del Polígono Industrial. Los concejales Agustín Espinosa (del grupo de Sí se puede en el Ayuntamiento de Candelaria), Francis Hernández (IUC, Arafo) y Lourdes Galindo (Sí se puede, Güímar), firmaron la denuncia conjunta en la que ponen en conocimiento de la Fiscalía que “desde hace décadas se están vertiendo aguas residuales sin depurar en el Polígono Industrial del Valle de Güímar”, según señaló Espinosa en un encuentro con los medios.

Espinosa señaló que la denuncia incluye también que en el Polígono Industrial de Güímar se carece de Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (EDARI) y que se ha incumplido de forma reiterada el programa de vigilancia y control fijado en su momento por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. “También hemos incidido ante la Fiscalía en que, además del emisario que se está intentando solucionar, existen tres puntos de vertidos ilegales de aguas no depuradas y que no cuentan con autorización”.

El daño al medioambiente y a la salud causado por estos vertidos se cifra en datos preocupantes, según los distintos análisis que se han hecho. Los indicadores de contaminación biológica, como la demanda biológica o química de oxígeno, se multiplican por 30 o por 8, los sólidos en suspensión, por 13; el fósforo, por 4; el cobre, por 9; el plomo, por 5, y el zinc por 7. “Los parámetros son para asustarse y para tomar medidas de forma inmediata”, aseguró el concejal del Ayuntamiento de Candelaria.

En estos momentos “nuestra mayor preocupación es el destino de los 2000 puestos de trabajo” asociados a las empresas ubicadas en el polígono que ahora ven amenazada su actividad si se procede al cierre, señaló Francis Hernández, que aseguró que “no se puede jugar con los puestos de trabajo de la gente ni con la salud de las personas usuarias de nuestras costas”.

El concejal de IUC en Arafo destacó “la clara dejadez de los tres municipios ante la recepción del Polígono por su parte; el habitáculo de la EDARI existe, pero no funciona, está precintado desde 2015”. Hernández comparó la pasividad de los tres ayuntamientos implicados con “el trabajo conjunto de la izquierda alternativa del Valle de Güímar en busca de una solución para evitar la pérdida de puestos de trabajo y el deterioro medioambiental”.

Por su parte, la concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Güímar, Lourdes Galindo, calificó la situación de “bastante grave” y destacó que el objetivo de esta denuncia es “establecer quiénes son los responsables”, mientras que la solución a este problema pasa porque “el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias prioricen la creación de la EDARI y la depuración de las aguas residuales urbanas e industriales residuales y aporten fondos para construir la depuradora, de forma que se pueda mantener actividad industrial sin generar contaminación”.

Las consecuencias de estos vertidos ilegales no solo afectan al medioambiente, a la salud de la población y a la actividad económica de las empresas instaladas en el polígono, “alcanzan también al sector turístico; si las instituciones responsables no se mueven por la gente y por el medioambiente, al menos que piensen en los efectos sobre la actividad turística”, aseveró Galindo

Al respecto, Hernández manifestó que el de los vertidos del Polígono de Güímar “no es un problema sobrevenido, estamos hablando de más de tres décadas de emisiones contaminantes”, al tiempo que apuntó que esta situación “es la punta del iceberg de la situación de los polígonos industriales de nuestra isla”.

Asimismo, Galindo recordó que los vertidos del polígono estuvieron autorizados por el Gobierno de Canarias hasta mayo de 2011, y que desde entonces no hay permisos. Fue una autorización “incomprensible”, también está incluida en la denuncia, que fue concedida en 2008 y que la Asociación Mixta de Compensación dejó caducar y no informó a los ayuntamientos, según detalló Espinosa.

La iniciativa va dirigida a proteger “nuestro ecosistema y nuestra salud”, dijo el concejal de IUC en Arafo. “Hay responsabilidades políticas. Queremos que la justicia valore quiénes son los responsables y que sea transparente ante la sociedad. Nos preocupa la salud de la gente y la conservación de los puestos de trabajo”, enfatizó Hernández.

La demanda implica prácticamente a todas las administraciones implicadas en este asunto: el Consejo Insular de Aguas, porque, al tratarse de una instalación supramunicipal, es su incumbencia; el Cabildo de Tenerife, entidad promotora y responsable de la gestión y conservación del Polígono; la Asociación Mixta de Compensación del Valle de Güímar, el ente con mayor responsabilidad a juicio de los denunciantes, porque son los que han permitido que caducaran los permisos de vertidos concedido por el Gobierno de Canarias y de ocupación del dominio público marítimo-terrestre del emisario; además, al ceder el polígono a los ayuntamientos del Valle de Güímar, omitió información sobre la carencia de estos permisos.

Finalmente, los ayuntamientos de Güímar, Arafo y Candelaria no han velado por la seguridad de sus habitantes, al permitir el vertido de aguas en sus costas. “Su responsabilidad es aún mayor, porque han sido informados por la izquierda alternativa del Valle de Güímar de forma reiterada desde 2011”, subrayó Espinosa. Estos ayuntamientos han hecho caso omiso de las advertencias.

Al denunciar a la Asociación Mixta de Compensación del Valle de Güímar, alcanza a todas las entidades que la constituyen: la entidad Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del Ministerio de Fomento; el Consejo Insular de Aguas; la Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono Industrial del Valle de Güímar y La Caixa, al haber absorbido a CajaCanarias.  Esta asociación tenía que haberse liquidado en teoría hace años, pero no ha ocurrido así porque no se ha concluido la recepción por parte de los Ayuntamientos implicados.